En editoriales de diferentes medios de orden nacional se
plantea una idea imperativa donde en cada carácter se deja subsumida la
necesidad de hacerle frente a los perjuicios ocasionados a EMGESA,
presentándola como la principal víctima de todo este mal ejecutado
proyecto denominado El Quimbo, siendo válido anotar que ellos son los
ejecutores, pero no deja de preocupar que se usen verdades acomodadas
por diferentes medios de comunicación para favorecer una empresa
extranjera en detrimento de los intereses del Estado, su sociedad y su
ambiente, no se puede estar en contra del desarrollo, pero no se puede
permitir el abuso de poder.
Desde el año 1993 las licencias ambientales buscan
materializar la responsabilidad, que tiene el Estado y los ciudadanos,
emana de la Constitución Política consistente en proteger nuestras
riquezas naturales, ya que somos el segundo país más megadiverso del
mundo, pero durante 22 años se ha implementado un desmonte gradual de
las exigencias ambientales, anteponiendo la inversión, en especial la
extranjera, frente a la planeación y protección ambiental.
Con la puesta en marcha, de los últimos gobiernos, de creer que el
crecimiento económico, con base en la inversión extranjera, representa
la oportunidad más clara para el mejoramiento de calidad de vida de los
colombianos, se han desarrollado políticas para que importantes
inversiones lleguen al país, con lo que se evidenció la incapacidad de
Ministerio de Ambiente para atender en los términos de ley las
solicitudes de licencias ambientales para proyectos de gran envergadura,
y en la apuesta de subsanar este error del sistema, se crea el ANLA en
el 2011. A los ojos de muchos no ha sido la solución porque continúa con
la práctica de volver laxos los requisitos ambientales mediante la
promulgación de nuevas regulaciones, sin tener en cuenta la verdadera
solución que parte del fortalecimiento de la institucionalidad en el
Sistema Nacional Ambiental SINA, aunque muchos de los que critican ni
saben qué es este sistema.
Esto ha llevado a la primacía de las directrices del Estado central
frente a las realidades e impactos locales, donde las Corporaciones
Autónomas Regionales, a pesar de sus pecados, se convierten en el
eslabón que logra entender y evidenciar las problemáticas ocasionadas
por estos proyectos; es de allí que el desconocimiento inicial de las
medidas cautelares sobre El Quimbo por parte del Estado central,
impuestas por un órgano judicial regional que habita y conoce de cerca
el territorio, bifurca la concepción de Estado en el modelo jurídico
Colombiano, ya que no hay un interés más colectivo y general que la
preservación del ambiente y más aún cuando tiene que ver con el río
donde se ubica el 80% de la población y donde se genera el 85% del PIB
de Colombia.
El Niño se convierte en la humareda perfecta para seguir justificando
acciones desproporcionadas como aumento del precio de la energía, o
descalificar el sistema energético nacional cuando hacía unos pocos
meses el gobierno se vanagloriaba de los avances que se han hecho frente
al apagón de la década de los 90`s.
El gobierno central, encabezada por el ANLA, concede beneficios más
allá de la ley para EMGESA que ha violado a su antojo la licencia
ambiental, violando también la seguridad jurídica de los colombianos ya
que desconoce las decisiones de un órgano judicial y de la autoridad
ambiental regional, y pone en tela de juicio el principio de igualdad
para otros inversionistas extranjeros y nacionales ya que estos se
acogen a las regulaciones colombianas y en El Quimbo simplemente se
amañan las disposiciones arbitrariamente, lo que nos obliga a preguntar
¿qué es más importante, el “interés general” creado por una empresa, o
el interés general otorgado por la Constituyendo de 1991 para todos los
colombianos?
@BioBriam
No hay comentarios:
Publicar un comentario